Lima, 14 de Septiembre de 2006
La amazonia peruana tiene sus encantos, sus riquezas y sus misterios. Fluyen por igual el comercio, el turismo y el narcotráfico. En esos mismos parajes escondidos de nuestra frontera con Colombia y Brasil, un numeroso grupo de peruanos –que algunos estiman en 5,000- están sumidos en la pobreza y el hambre, abandonados por el Estado, algunos de ellos presos en precarias cárceles y otros que, con triple cédula de identidad, se recursean diariamente en mercadillos, hotelitos, pequeños negocios y la prostitución.
Ese corredor entre Leticia, Santa Rosa y Tabatinga es un pequeño gran mundo para estos compatriotas que cambian la bandera del país en busca de comida, educación y otra oportunidad para su vida. Allí se codean con los efectivos de nuestras fuerzas armadas y la policía, pero sortean el río y agrestes vegetaciones, burlan a vigías de vista gorda y casi imaginarios puestos fronterizos. Son mutantes culturales, bilingües con el “portuñol”, mil oficios por necesidad.
Abandonados a su suerte, sin escuela pública, sin médicos, sin agua potable, sin comunicación, casi parásitos de las zonas bajas de los ríos en donde discurren aguas negras, esos peruanos que sólo son considerados como estadística en el flujo migratorio, son hoy apátridas obligados por una cruda realidad. No hay política de fronteras, que incluya el desarrollo de la agricultura, silvicultura, artesanía o pequeñas industrias. Tampoco hay, ni remotamente, una verdadera política migratoria que los ampare cuando ya están al otro lado de la frontera.
Cuando en su mensaje al país el 28 de Julio el Presidente Alan García se refirió a que en los últimos cinco años “un millón han partido al extranjero, reduciendo así el número de pobres dentro del país, esa es la verdad” ahondó la expectativa de miles de peruanos desempleados y desesperados que se someten a los más inimaginables vejámenes de traficantes de personas que los entregan a hacendados bananeros o mineros inescrupulosos en Ecuador o que caen en manos de narcotraficantes que operan en la selva, para citar algunos casos.
Por ahora sólo hay expectativa, sin respuesta real de los sectores y organismos estatales. Ninguno ha asimilado el guantazo presidencial. Tampoco hay noticias sobre el reglamento del Decreto Legislativo N° 703 del 05 de noviembre de 1991 ("Ley de Extranjería”) y que, por supuesto, ya desfasado por los últimos cambios en el mundo, sobre todo desde el 11S y las nuevas medidas migratorias aprobadas por Estados Unidos, la Unión Europea y Japón.
Mientras el Estado va despertando de su letargo, es saludable conocer que un grupo de compatriotas y mejor aún, algunos amigos extranjeros, actuando como agentes de Pastoral de la Movilidad Humana de la Iglesia Católica, acogen y protegen en las zonas fronterizas y hasta en las grandes capitales de América Latina y el mundo entero, a los peruanos que han salido del país por un mejor futuro, pero que en su proceso de inserción pasan más de una peripecia, y se exponen a xenófobos y diversas formas de discriminación.
En esa tarea anónima, en pleno corazón de la amazonía están en primera fila Adriana Huerta, mexicana y los colombianos Nelcy Jaimes y el Padre Gonzalo Franco, quienes de manera conjunta asisten en lo que está a su alcance a los peruanos que cruzan la frontera, haciendo de asesores espirituales, médicos, abogados, docentes, todo en uno, enfrentándose a veces a ese inexpugnable grupete de burócratas que sólo preguntan qué vas a hacer para oponerme.
Loable esfuerzo de estos ciudadanos aunque no alcanza para extender la mano a esos 2,5 millones de peruanos que están fuera. Si bien muchos en buena situación económica, que pueden enviar remesas por 2,000 millones de dólares al año, la mayoría está sin documentos en regla, no tienen residencia fija, subsisten sin seguro social, sin convalidación de estudios, cobrando remuneraciones por debajo del sueldo mínimo en el país de destino, sin asistencia médica. Es decir, sobreviviendo.
Ante el vertiginoso aumento de peruanos que se van del país, y que en muchos casos terminan siendo indigentes en otros, hay la urgencia de una respuesta conjunta del Estado y las instituciones tutelares. El fenómeno migratorio es grave, trasunta el tema económico; es de impresionante impacto en la integración familiar y, más aún en la autoestima nacional.
Además, es obligación del Estado proteger y defender a sus nacionales dentro y fuera de su territorio. La migración, en consecuencia, debe ser incluida como tema prioritario en la agenda pendiente del segundo Gobierno del Presidente García.
Publicado en el Informe 2006
Departamento Pastoral de la Movilidad Humana, Lima, Perú
www.pastoralmigrantes-peru.org
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