Tumbes, 05 de agosto de 2007
Iglesia Católica de Perú y Ecuador analizan efectos de la migración en región fronteriza
735 PERUANOS FUERON DEPORTADOS DE ECUADOR
ENTRE ENERO Y JUNIO DEL PRESENTE AÑO
San Jacinto, Tumbes.- El IV Encuentro Binacional de Pastoral de Movilidad Humana Ecuador-Perú de la Iglesia Católica llegó a su fin en esta localidad tumbesina, con el dramático recuento de 735 peruanos deportados o expulsados entre enero y junio del presente año y centenares viviendo en condiciones infrahumanas, con salarios de hambre en campos agrícolas o en la minería.
Las delegaciones de ambos países, reunidas para elaborar un diagnóstico y planificar las nuevas actividades de acompañamiento a los migrantes- coincidieron en la necesidad de una mayor incidencia política de los respectivos gobiernos para contrarrestar la ola migratoria, especialmente en las provincias limítrofes del Perú, creando fuentes de trabajo productivo.
Al mismo tiempo plantearon la urgencia de introducir modificaciones al Acuerdo de Regularización Migratoria y Laboral en la Región Fronteriza Ampliada para hacerlo viable, como la reducción del costo del Carné de Trabajo de 60 dólares a sólo dos dólares, la facilitación de condiciones para el trabajo temporal y mucho respeto a la condición humana del inmigrante.
Monseñor Daniel Turley, Presidente de la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal Peruana y Obispo de la Diócesis de Chulucanas, dijo que el principal factor del éxodo de miles de trabajadores peruanos es la pobreza que afecta a nuestro país.
“En el caso del Alto Piura, la pobreza alcanza al 60% de la población y de ellos el 28% está en extrema pobreza. Ayabaca y Huancabamba son las dos provincias más pobres de todo Piura, siguiendo Morropón en tercer lugar. Es muy penoso ver que muchos peruanos cruzan la frontera todos los días buscando trabajo en las minas, la agricultura, pequeños negocios o la venta ambulatoria” reveló Turley.
“Es tiempo de que el Gobierno Central y el Congreso se interesen por estos pueblos olvidados y promuevan inversiones en el agro, la ganadería y el turismo, de lo contrario las condiciones paupérrimas en las que viven irá acentuándose irremediablemente”, señaló Monseñor Turley.
Durante su intervención, el Cónsul General del Perú en Machala, Roberto Vélez Arce informó que en la Provincia del Oro, existen alrededor de 5,500 o 6,000 peruanos en situación irregular. Asimismo, reveló que en una cárcel de esa localidad ecuatoriana se encuentran sentenciados 37 peruanos, de los cuales 17 son mujeres. Ellos purgan condena de ocho años por haber participado en el tráfico de drogas.
El drama de muchos peruanos y peruanas en el sur ecuatoriano, se vio reflejado además, cuando Vélez Arce dijo que se está evaluando la instalación de una Casa de Refugio para madres adolescentes de origen peruano, para evitar que ellas y sus hijos menores sigan en situación de abandono en la que ahora viven.
En sesiones plenarias se abordaron temas concurrentes a la migración irregular como la violencia social y cárceles, trata de mujeres y tráfico de personas y los avances y limitaciones del Acuerdo de Regularización Migratoria y Laboral, ampliado hasta el 26 de octubre del presente año.
Por otro lado, en el IV Encuentro también se tomó conocimiento del lento avance de inversiones y proyectos del Plan Binacional de Desarrollo Ecuador-Perú, que se puso en marcha tras la firma del Acuerdo de Paz en 1998. Inicialmente se anunció un programa de 3,000 millones de dólares para obras de infraestructura, como carreteras e irrigación así como obras sociales y diversos proyectos productivos en las localidades de la región fronteriza de ambos países. Sin embargo, la realidad demuestra todo lo contrario.
REGULARIZACION MIGRATORIA
Hubo consenso en resaltar los objetivos del Acuerdo de Regularización, pero se cuestionó las limitaciones para hacerlo viable, puesto que el costo de los trámites y la orientación a sólo inmigrantes de los sectores agrícola, construcción y servicio doméstico, excluye a la mayoría de personas que han cruzado las fronteras.
En estos momentos hay dificultades para completar los requisitos, uno de ellos es el carné laboral. Está en estudio en el Ministerio de Economía porque su costo es de 60 dólares y la Cancillería está haciendo las gestiones para una rebaja hasta dos dólares. Superado ese impasse, ya estaremos listos para presentar 70 u 80 expedientes, dijo el Cónsul General en Machala, Roberto Vélez.
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El Acuerdo así como las leyes existentes en Ecuador son muy buenos, pero hay mucho desconocimiento de las autoridades militares, policiales y migratorias que terminan expulsando o deportando a centenares de peruanos cada año, precisó Monseñor Thurley.
El IV Encuentro Binacional de las iglesias hermanas de Ecuador y Perú tuvo lugar los días 1, 2 y 3 de agosto en el distrito tumbesino de San Jacinto, para coordinar acciones orientadas a mejorar las condiciones de vida de los inmigrantes en la región fronteriza ampliada, creada en 1998, en donde residen más de cinco millones de personas.
Por Ecuador participaron delegaciones de la Pastoral de Movilidad Humana de los cantones del sur así como de la sede principal de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que preside Monseñor Néstor Herrera. Y por el Perú, el Departamento de Pastoral de la Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal, cuyo secretario ejecutivo es el Padre Alcides Salinas, así como de las diócesis ubicadas en la frontera norte.
Tumbes, agosto de 2007
