viernes, 8 de septiembre de 2006

ALGO HUELE MAL EN LOS SEGUROS DEL ESTADO

BOLETIN DE ECONOMIA & CIFRAS
Nº 6, Lima, Septiembre del 2006


Algunos ministros y funcionarios del Gobierno del Presidente Alan García estarían siendo sorprendidos con adquisiciones de bienes y servicios en proceso, como en el caso de las pólizas de seguros, en donde se pone en juego más de 80 millones de dólares al año. Incluso, ante la eventualidad del Fenómeno del Niño, instituciones públicas del Sector Agrario y de infraestructura, como INADE, o de patrimonio en riesgo como PETROPERU, estarían próximas a contratar o renovar seguros sin la transparencia que se exige en estos casos.

En el Perú existen empresas aseguradoras de alta competitividad, cuyo prestigio parece ser incuestionable, como Rímac Internacional, El Pacífico, La Positiva y otras. Sin embargo, es en el campo de los corredores de seguros –personas naturales o jurídicas intermediarias para la contratación de las aseguradoras- en dónde existe la urgencia de aplicar medidas correctivas. En este campo una sóla empresa, Mariátegui JLT Corredores de Seguros, ha sido la principal favorecida durante los cinco años del Gobierno de Alejandro Toledo, al ser designada directamente a dedo o en convocatorias de dudosa transparencia, según nuestras fuentes.

Asimismo, señalan que un rápido recorrido por la página web de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) da una primera clarinada de alerta. Y en efecto, las cifras revelan un salto meteórico de Mariátegui JLT entre el 2001 y el 2005, registrando un crecimiento de 255% en sus ingresos operativos –por la intermediación en los seguros- como se demuestra en el cuadro siguiente:

AÑO INGRESOS S/.
2001 5´747,014
2002 7´234,572
2003 10´444,495
2004 13´629,278
2005 14´648,077

Obviamente este salto se explica por los jugosos contratos con el Estado, al haber llegado a concentrar el 70% de la intermediación de los seguros sobre todo de los Sectores Vivienda y Construcción, Transportes, Educación y Producción y empresas importantes como SEDAPAL, INADE, CORPAC, ENAPU y hasta el Consejo Nacional de Inteligencia.

En un mercado de libre competencia no tendría nada de malo las fortalezas de cualquier empresa, pero lo extraño es que los corredores de seguros hábiles a la fecha son 1,216 de acuerdo a la SBS: 202 empresas y 1,014 personas naturales registradas, la gran mayoría de las cuales ignoradas, extrañamente, por la burocracia. Nunca han sido contactadas ni invitadas a concursos o licitaciones, a pesar de que un grupo importante demuestra una alta perfomance de eficiencia y productividad en el mercado peruano, en donde los seguros van a superar los 1,000 millones de dólares este año.

VINCULOS POLITICOS

En los últimos dos meses, con el cambio de Gobierno, Mariátegui JLT ha logrado sumar las cuentas del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Banco de la Nación, mediante la influencia de personajes vinculados a líderes del Partido Aprista, según el comentario que circula en el sector, toda vez que no se permitió una mayor participación con ofertas más rentables y convenientes para el Estado.De ser así, y allí la labor de las entidades de control del gasto estatal, se estaría repitiendo la historia durante el Gobierno de Alejandro Toledo en donde era vox populi las cercanías de esa empresa al círculo íntimo del ex mandatario.

SIN TRANSPARENCIA

De acuerdo a un conjunto de observaciones de algunos intermediarios y auxiliares, la Superintendencia de Banca y Seguros también parecería una coladera porque estaría permitiendo que algunos ejecutivos de empresas corredores de seguros, de oscuro y cuestionable pasado, ejerzan funciones claves en estas empresas, lo cual enrarece más al mercado asegurador.

Uno de los casos más notables es la presencia de un ex gerente de El Sol Compañía de Seguros Generales, cuya extraña gestión precipitó su venta a La Nacional Compañía de Seguros, a la que sorprendieron con las cifras maquilladas de los estados financieros de aquella. Las normas vigentes impiden el ejercicio de funciones y el encargado del registro es la SBS.

Otros personajes habrían logrado hacerse nombrar como asesores de entidades estatales diseñando las bases de contratación ad-hoc, en una fina operación para beneficiar directamente a un corredor de seguros, pero sin mostrar un vínculo directo con la empresa contratada.

Otro tema de preocupación en el mercado, que atenta contra la sana competencia es que una sóla empresa sea al mismo tiempo corredora de seguros y corredora de reaseguros, con lo cual se producen “amarres” sutiles del negocio porque es más que evidente que por una tácita lealtad traslada la información de costos, condiciones y otros, a su matriz internacional. Este podría ser el caso de Mariátegui JLT.

Se trataría, entonces, de un cierre a priori del mercado para otras compañías de seguros y corredores de reaseguros que bien podrían presentar mejores ofertas en función del riesgo evitando lo que ocurre ahora, primas concentradas y no competitivas.

ALERTA AL NUEVO GOBIERNO

El presupuesto del Estado, constituido en gran parte por nuestros impuestos, debe ser vigilado puntualmente, especialmente en todo el proceso de adquisición de bienes y servicios. En el caso de los seguros, se impone la urgencia de aplicar un esquema óptimo que permita el acceso de todos los agentes involucrados en el sector para alentar precisamente la sana competencia y las mejores alternativas, como invoca uno de los principios básicos de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

El problema es que parece que nada de esto está sucediendo. Por lo tanto, ahora que el nuevo gobierno está empeñado en una campaña de racionalización de gastos del sector estatal, transparencia en su gestión e independencia de grupos de poder, se espera que no caiga en los errores incurridos por la administración de Toledo y demuestre que efectivamente existe cambios positivos en la gestión gubernamental.

Gran noticia en ese sentido sería una convocatoria pública de los seguros a contratarse en breve, por ejemplo, en el Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior y en las compras corporativas de seguros que plantea realizar el Estado.



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Miguel Ángel Risco
Director