La Directiva de Retorno aprobada por el Parlamento Europeo, que criminaliza la migración y que cierra las puertas a la libre decisión de vivir en cualquier lugar del mundo, es el inicio de una andanada de decisiones del Viejo Continente en agravio de países en vías de desarrollo y pobres, convertidos en expulsores de sus ciudadanos, entre otras cosas, por falta de empleo, de oportunidades y de esperanzas.
El escenario en que la medida sale a luz es por demás lúgubre. Entre otras razones, porque simultáneamente al proceso de aprobación, en algunos sectores de Italia hay agresiones contra comunidades de inmigrantes, como los gitanos, mientras decenas de personas sobre todo africanos huyen del hambre y la violencia en precarias embarcaciones rumbo a la Unión Europea, muriendo en el trayecto. Y en el mundo entero se extiende la crisis alimentaria, se acentúa la crisis económica alentada por el alto precio del petróleo y en algunas regiones se acentúa la xenofobia, el racismo y la discriminación.
En lo inmediato, aparte, claro está de la honda preocupación de los directamente afectados, el impacto tremendamente negativo de esa grave decisión se traducirá en la reducción de las remesas, un factor clave en el Perú y en los países andinos para la eliminación de la pobreza. En los últimos años, los migrantes han enviado dinero por el orden de los 15 mil millones de dólares a la Comunidad Andina de Naciones cada año, unos tres mil millones al Perú, que van a la alimentación, la vivienda y la educación.
Con diplomacias timoratas, sin emoción social, América Latina y el Caribe, sabiendo lo que venía, sólo aprobaron en la V Cumbre con la Unión Europea en Lima, un acápite declarativo, cumplidor sobre la migración, sin exigir al Viejo Continente, en esta oportunidad, el respecto a los Derechos Humanos de millones de personas como continuidad a los acuerdos de la IV Cumbre de Viena. Lo lógico era priorizar la migración en la agenda, toda vez que el escenario sobre el tema ya era conflictivo desde hace meses.
Así las cosas, se confirmó una vez más que el Perú y América Latina, en general, salvo algunas excepciones, estamos acostumbrados a soportar el avasallamiento económico, político, diplomático, social, de los países desarrollados, a cambio de un puñado de inversiones, una palmada en el hombro de nuestros gobernantes y por el acceso de nuestros productos a un mercado restringido, que elige a regañadientes lo que nos quiere comprar.
Horas después de la decisión de los parlamentarios europeos, hemos oído voces de quienes, aquí en Lima, nunca tuvieron una posición ni clara ni efímera sobre la migración, como nuestros representantes en el Parlamento Andino o en el Congreso. Han salido a llorar sobre la leche derramada, cuando han tenido la oportunidad de promover acuerdos históricos sobre diferentes frentes: cómo reducir las condiciones que convierten en “expulsores” a nuestros países y cómo garantizar una inserción adecuada y digna de los migrantes en los países de tránsito y destino.
Hay que reconocer que el Presidente de Bolivia, Evo Morales, a pesar de su estilo confrontacional, ha sido el único que se pronunció contra esa medida anunciada y hasta conminó a la Unión Europea a no aprobar la directiva bajo la amenaza de boicotear el Acuerdo de Asociación para el libre comercio y la cooperación con la CAN. Rafael Correa, mandatario de Ecuador en su pronunciamiento fue más diplomático, condicionado por una posición expresada con anterioridad y que es facilitar el retorno de sus connacionales por las supuestas mejoras económicas y sociales en su territorio. Recordemos que al acentuarse la crisis interna en Ecuador, huyeron de ese país unos 2,5 millones de personas desde el año 2000.
Pero si la Directiva de Retorno o directiva de la vergüenza -que entrará en vigencia en julio del 2010- ha sido aprobada por amplia mayoría (369 a favor, 197 en contra y 106 abstenciones), ya es una grave amenaza, se viene lamentablemente, una ola de medidas como la que promueve Francia contenida en un “pacto sobre la migración”, que atiende únicamente razones internas, como sus propios intereses económicos y consagra nuevas violaciones a los derechos humanos de los migrantes.
Nunca es tarde, sin embargo, para actuar. Hay ámbitos institucionales en los que es importante insistir como la misma ONU, como lo sugiere el ex canciller José de la Puente Radbill, y por supuesto la Comunidad Andina de Naciones, el MERCOSUR y el bloque regional, UNASUR. Un papel trascendente vienen cumpliendo ya organizaciones de la sociedad civil y la propia Iglesia Católica y ahora, sólo se espera una gran movilización mundial de los propios migrantes.
Es necesario hacer entender a la Unión Europea que la migración –felizmente algunos parlamentarios así lo comprenden- es inherente a la humanidad y que esta misma región se ha fortalecido por el fenómeno. Precisamente, hay que coincidir y repetir las palabras de Freddy Ehlers, secretario general del bloque andino, al explicar el tardío pronunciamiento de los cancilleres de la CAN (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú), contra la directiva de retorno: "Lo que queremos nosotros es llegar a acuerdos y que se reciba a nuestros migrantes como nosotros hemos recibido a los españoles por 500 años en estas tierras, y a los ingleses, los alemanes, los italianos, los suizos, y los suecos".
Lima, jueves 19 de junio de 2008
MIGUEL ANGEL RISCO
PERIODISTA, PERUANOS EN EL MUNDO
