CUESTIONABLES GASTOS EN SUNAT

BOLETIN DE ECONOMIA & CIFRAS
Lima, Febrero de 2007


Ahora volverían a ocupar cargos claves en entidad tributaria
SUNAT PAGÓ S/. 1´644,896.63 PARA RESGUARDAR
RESIDENCIAS DE FUNCIONARIOS PRIVILEGIADOS

La preocupación de todos los contribuyentes, que duda cabe, es saber que el dinero que se aporta, vía impuestos técnicos o antitécnicos sea bien utilizado en obras de infraestructura, en programas sociales y en reducir la pobreza. Eso para empezar. De allí que el anuncio de la Reforma del Estado, con el consecuente recorte de la burocracia, sobre todo en los Organismos Públicos Descentralizados (OPD´s ) es más que saludable, aunque habría que analizar más a fondo la intención y la forma.

Pero tomar conocimiento de que el ente tributario y recaudador como es la SUNAT ha gastado el dinero de los contribuyentes en asuntos superfluos o para privilegiar o distinguir a algunos de sus funcionarios de confianza, realmente enerva la sangre y por supuesto, despierta los deseos de protestar airadamente. Como el caso del pago por resguardo privado de residencias de algunos de sus funcionarios, entre marzo de 1993 y setiembre del 2000, por la suma de S/. 1´644,896.63, sin mediar razón alguna.

Siempre se espera que la SUNAT esté exenta de actos de corrupción y de manipulación del poder político. No siempre es así, como lo demuestra la puesta en marcha del “RUC sensible” para proteger declaraciones tributarias, razones por las cuales el ex jefe de la SUNAT y ex Ministro de Economía, José Baca Campodónico está inmerso en un largo proceso judicial y fue detenido en Argentina. O el tema más reciente de la excepción tributaria para el suegro del ex presidente del Consejo de Ministros, Raúl Diez Canseco, que provocó su renuncia al cargo.

Un documentado y contundente informe de la Contraloría General de la República, emitido en el 2003 (Informe Nº 160-2003-CG/SE Examen Especial – SUNAT Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, Enero 1990 – Diciembre 1999”), establece un conjunto de observaciones a varios procesos de licitación pública de bienes y servicios relacionados a sistemas, seguros, publicidad, equipos de cómputo, inventario físico y otros e identifica a los responsables directos. Luego, la Contraloría recomendó las sanciones respectivas que se supone, debieron haberse aplicado.

Por ello, llama la atención los rumores de que algunos de estos funcionarios, que no obraron de acuerdo a los dispositivos legales de adquisiciones y contrataciones del Estado, volverían a ocupar cargos claves en la SUNAT que ahora dirige Laura Calderón. Entre ellos, por ejemplo, José Enrique Deza Urquiaga quien retornaría como titular de una de las Intendencias Nacionales, a pesar de haber sido sancionado en mérito al Informe en mención, al menos que haya expiado todas sus culpas y pecados.

Por ahora, José Enrique Deza ha dejado la “congeladora” en la sede de ADUANAS y ha pasado a uno de los cómodos ambientes del equipo de asesores en el tercer piso de la sede principal de la SUNAT. Para nuestras fuentes, el retorno de Deza Urquiaga al máximo cargo administrativo coronaría una cuestionable trayectoria en la SUNAT, en donde ha sido Gerente Financiero, Gerente Administrativo e Intendente Nacional de Administración, hasta el 2003 cuando recibió la benevolente suspensión de 20 días sin goce de haber.

Entre otros casos, que contiene el Informe, José Enrique Deza presidió un concurso público para contratar servicios de vigilancia y seguridad en los locales e instalaciones de la SUNAT. Por ese periodo de marzo 1993 y setiembre del 2000 la Contraloría revela que la SUNAT pagó más de diez millones de nuevos soles, a las empresas VIPROSEG S.A y SENAVISA. Sin embargo, sin mediar concurso y sin ninguna razón técnica, agregaron la seguridad privada a las residencias particulares del mismo Deza y otros funcionarios de ese entonces, por un monto adicional de más de un millón 600 mil nuevos soles.

La Contraloría dice en su observación que “en ninguno de los casos se comprendió como beneficiarios de estos servicios, a los funcionarios vinculados a las labores operativas de la institución, como la recaudación tributaria (cobranza coactiva, lucha contra la evasión fiscal). Es decir, se asignó “selectivamente protección a la propiedad privada de algunos funcionarios, con cargo a recursos públicos”.

Laura Calderón, la nueva Superintendente Nacional de Administración Tributaria, tiene una misión muy grande que cumplir ante el país. Y sería bueno que comience a limpiar la casa, analizando primero los informes de Auditoria Interna y las observaciones de la Contraloría General de la República. A más recaudación, más transparencia.


© ECONOMIA&CIFRAS
Investigación, Análisis e Información Económica


Miguel Angel Risco
Director